En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado Mexicano fue responsable por graves violaciones a los derechos humanos de Rosendo Radilla, activista político, víctima de desaparición forzada el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero en México. Para dar cumplimiento a dicha resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió dos expedientes, en el primero (489/2010) reconoció esa sentencia; y en el segundo, (912/2010) estableció los lineamientos para atender las medidas de reparación señaladas al Poder Judicial de la Federación.

            Estos expedientes sobre el caso de Rosendo Radilla y su resolución sentaron un precedente en Latinoamérica porque propició, en cumplimiento a la sentencia, que el Estado Mexicano emitiera disposiciones de vital importancia como restringir el fuero militar para que militares puedan ser juzgados también por la vía civil; el debido juzgamiento de hechos relacionados con desaparición forzada de personas y la adecuación de las interpretaciones constitucionales y legislativas nacionales a los tratados y estándares internacionales firmados por México.